Juntos POR Oaxaca

MAESTRO, SANTIAGO CREEL MIRANDA,
LIC. EN DERECHO, ALEJANDRO GONZÁLEZ ALCOCER,
LIC. EN DERECHO, JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA PEROGORDO,
LIC. EN DERECHO, CARLOS NAVARRETE RUIZ,
M.V.Z., ALFONSO ABRAHAM SÁNCHEZ ANAYA, Y
ING. HÉCTOR LARIOS CORDOVA.
SENADORES DE LA REPÚBLICA.
PRESENTE.

Los veinte mil oaxaqueños que conformamos el Consejo Ciudadano para la Paz y el Desarrollo del Estado de Oaxaca, lamentamos profundamente sus desafortunadas declaraciones vertidas el jueves diecinueve del mes en curso, en el recinto del Senado de la República, con motivo del estudio del dictamen presentado por la Comisión de Gobernación sobre de la improcedencia de la desaparición de poderes del Estado de Oaxaca.

Senador Alejandro González Alcocer; ingobernabilidad, no es inestabilidad; y en la inestabilidad hay que distinguir la prefabricada, escenográfica o manipulada, de la real, sustentada en hechos concretos.

Gobernabilidad es un término que surgió en el informe de la Comisión trilateral, (Estados Unidos de América, Europa Occidental y Japón) promovida por David Rockefeller, Director General en esa época de American City Bank, para superar la crisis del sistema político mundial, denominado informe sobre la gobernabilidad de la democracia. Ese proyecto establecía que el problema del mundo es que las demandas se habían incrementado sustancialmente, pero no así la capacidad de respuesta de los gobiernos; por lo que había que acotar esas demandas, si se quería que las democracias fueran gobernables. Nada que ver, señor senador, con lo que probablemente usted confundió, al visitar un escenario montado exprofeso para sorprender a la subcomisión de senadores; porque C. González Alcocer, la voluntad de los oaxaqueños fue expresa, clara y precisa, en el proceso electoral en el que fueron elegidos los representantes del Poder Legislativo y Ejecutivo, resultado que un número importante de Oaxaqueños respetamos, más allá del escándalo, de la agresión y de la incongruencia de los grupos que por intereses propios o ajenos, pretenden la conquista del poder al margen de los procesos democráticos.

Como pudo usted constatar en su visita a la capital de nuestro Estado, un grupo de personas se apoderó del centro histórico de la capital, y convirtieron un reclamo laboral, en un torneo de imposiciones personales y de desahogo de pasiones políticas frustradas.

En Oaxaca pues, señor senador, hay estabilidad; hay reclamo si; hay carencia si, que seguramente superaremos con o sin el auxilio del Estado Mexicano que nos ha segregado y mantenido al margen, generando la grosera asimetría, de un País dividido en pobres y ricos; en el norte y en el sur.

CC. Senadores Alejandro Zapata Perogordo, Carlos Navarrete, Santiago Creel Miranda y Diputado Héctor Larios Córdova; les recordamos que como representantes de los estados federados y del pueblo, respectivamente, que eso y no otra cosa ha sido escensialmente el senado y la Cámara de Diputados, no están autorizados para opinar, y, menos sin conocimiento exacto de las causas del conflicto que actualmente padecemos, a recomendar la renuncia del Gobernador de nuestro Estado, Licenciado Ulises Ruiz Ortiz, porque los únicos facultados para decidir en el Estado de Oaxaca, son los oaxaqueños. Ignoramos cual sería su respuesta, a la hipotética y aventurada afirmación que sostuviese, que ustedes son el obstáculo para que el Congreso de la Unión se ajuste estrictamente al principio de legalidad, que informa el orden jurídico nacional, consignado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

C. Alfonso Sánchez Anaya, senador de la República, muchos somos abogados, dispuestos a estudiar los argumentos que funden su voto de desaparición de poderes, pues a usted no le está permitido como miembro del Congreso de la Unión, externar en asuntos del Estado Mexicano, apreciaciones subjetivas sin sustento jurídico.

Señores senadores, los oaxaqueños integrados en el Consejo Ciudadano para la Paz y el Desarrollo del Estado de Oaxaca, defenderemos sin limite la vigencia del Estado de Derecho y esto implica, respeto irrestricto a las instituciones emanadas de la voluntad popular, impresa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.